Tras el cierre de listas para las elecciones legislativas de octubre, la oposición ampliada avanzó este martes en el Senado con los despachos de comisión de los proyectos de financiamiento de las universidades y la ley Garrahan, propuestas que tienen la media sanción de Diputados y que el presidente Javier Milei ya anticipó que vetará por afecta el superávit fiscal.
En un primer turno y un plenario de las comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto; el peronismo logró dictaminar sobre la emergencia en pediatría con el apoyo del radicalismo -no sólo Martín Lousteau-, la larretista Guadalupe Tagliaferri y senadores de bloques provinciales. Luego en una reunión conjunta de las comisiones de Educación y de Presupuesto, la oposición ampliada también se alzó con el despacho de mayoría del proyecto de financiamiento universitario, una propuesta que el Gobierno ya vetó en 2024 y repetirá este año.
De esta manera, ambas iniciativas quedaron habilitadas para ser tratadas la próxima semana en el recinto, aunque desde el bloque de Unión por la Patria presionaban para convocar a una sesión para este jueves. Para eso, la oposición necesita reunir los dos tercios porque no se cumple el plazo de una semana desde la firma de los despachos.
Por pedido de Cristina Kirchner, Unión por la Patria apuraba el debate para alzarse con una victoria en el Senado. El escenario que pretenden los K es una semana negra para el Gobierno en el Congreso. Porque a los temas que se tratan en la Cámara Alta se suma la ofensiva del peronismo y la oposición en Diputados.
En la Cámara Baja convocaron a una sesión para este miércoles para avanzar con el rechazo a los vetos al aumento de las jubilaciones y emergencia en discapacidad, la puesta en marcha de la comisión investigadora del caso $Libra y los proyectos impulsados por los gobernadores por más fondos para las provincias.
Sin embargo, el plan del kirchnerismo no tenía el apoyo de sus circunstanciales aliados, porque tanto los senadores radicales como el resto de la oposición prefieren que se respeten los plazos y se convoque la sesión para la próxima semana.
Pero lo cierto es que el debate de este martes estuvo controlado por el peronismo porque la comisión de Salud, a cargo de Lucía Corpacci, fue la cabecera en el caso de emergencia pediátrica, mientras que la de Educación, que preside Eduardo «Wado» de Pedro, fue de financiamiento universitario.
El tratamiento de la ley Garrahan tuvo momentos de tensión porque luego de que Corpacci defendiera lo aprobado por Diputados, la senadora por Chubut Edith Terenzi presentó una propuesta alternativa, poniendo uno de los focos en la eximición del Impuesto a las Ganancias al personal de salud.
«No es necesario que en la Argentina generemos una nueva grieta entre trabajadores y poner a los trabajadores de la salud exentos de Ganancias», fundamentó la senadora que responde al gobernador Ignacio «Nacho » Torres.
Pero José Mayans rechazó la propuesta de Terenzi para modificar el proyecto y argumentó que si se realizaban cambios tenía que volver a la Cámara Baja. La senadora por Chubut explicó que su modificación buscaba atenuar la práctica del veto presidencial, pero el jefe del peronismo respondió con un gesto de hombros que no le importaba la decisión del Presidente.
La cristinista Juliana Di Tullio fue un poco más allá y le pidió a la senadora que retire el proyecto y acompañe la media sanción de Diputados. «El Senado tiene que aprobar esta emergencia. Sé que es difícil lo que le estoy pidiendo pero estamos tratando que esta situación de emergencia se salde ahora. Este Presidente tiene una posición irreductible que no va a cambiar nada», completó.
Lousteau tampoco apoyo a Terenzi y argumentó que no sólo debía volver a Diputados si se modificaba el proyecto sino que, además, señaló que «no hay ninguna garantía que un presidente que cree que hay un solo método que es el de la motosierra, no lo vete igual».
El libertario Ezequiel Atauche, presidente de la comisión de Presupuesto, salió a cruzar al peronismo, lo acusó de hacer campaña con el tema y valoró el gesto de Terenzi. «Esta cuestión de los hospitales está generada ciento por ciento por otro gobierno y este lo está resolviendo», devolvió el senador que tiene línea directa con el asesor todo terreno Santiago Caputo.
La cordobesa Carmen Alvarez Rivero (PRO) también dejó un mensaje polémico cuando en medio del debate dijo: «No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garrahan a ser curados».
Todo eso ocurrió con la presencia de Jorge Taiana, candidato a diputado por Fuerza Patria, en el Senado para defender la emergencia pediátrica. «Vengo a escuchar cómo va la discusión en el Senado de dos temas significativos para tratarlos este mismo jueves», dijo el ex ministro de Defensa.
La intención del peronismo es ir por un importante temario que no sólo incluya la ley Garrahan y el presupuesto universitario. También quiere incluir una serie de decretos delegados firmados por Milei que ya fueron rechazados por Diputados. Se trata de medidas que avanzan en la reestructuración del INTA, INTI, junto con la disolución de Vialidad Nacional, entre otros.
Qué dice la ley Garrahan y el financiamiento universitario
La ley Garrahan declara por un año la emergencia sanitaria en la atención pediátrica y en las residencias médicas nacionales. La propuesta fija una recomposición inmediata de los salarios del personal y los residentes, que en términos reales no puede ser menor al vigente en noviembre de 2023.
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que equiparar las remuneraciones del personal y residentes al nivel salarial de noviembre de 2023 implicaría un gasto adicional de la Nación entre julio y diciembre de $ 65.573 millones, mientras que la cifra anualizada alcanzaría $ 133.433 millones.
En la Cámara Baja, la emergencia pediátrica fue aprobada con 159 votos a favor, 67 en contra y 4 abstenciones.
En tanto, la propuesta de financiamiento universitario prevé convocar a paritarias con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores universitarios, tanto docentes como no docentes, tomando como referencia la inflación acumulada desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley.
Además prevé la creación de un fondo de $10.000 millones para ampliar la oferta académica para el desarrollo del país, actualizado anualmente por inflación. Y también busca un incremento escalonado del presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031.