La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (CAJE) presentaron este jueves el primer Informe de Regresiones Ambientales, un documento que recopila y analiza las medidas implementadas por el gobierno de Javier Milei en materia ambiental desde diciembre de 2023. Según el estudio, el país atraviesa “el mayor retroceso en derechos económicos, sociales, ambientales y culturales desde la recuperación democrática”.
El texto denuncia que, en nombre de la libertad económica, la administración libertaria impulsa un “programa de saqueo planificado” que incluye la derogación de leyes, el vaciamiento o disolución de organismos públicos, la entrega de recursos naturales y la criminalización de quienes defienden el agua, la tierra y la vida. Entre los ejemplos más graves, el informe menciona la privatización de ríos, la promoción de proyectos de minería a cielo abierto y el debilitamiento de controles sobre desmontes, incendios e inundaciones.
Enrique Viale, presidente de la entidad, dialogó con PERFIL y explicó algunos pormenores del informe presentado por la Asociación: “Lo que armamos es un un informe que tiene más de 80 hojas, a pesar de que fuimos sucintos. Es mucho lo que hay para decir. Desde el paso de Ministerio a Subsecretaría de Ambiente, hasta el financiamiento de distintos presupuestos en el fuego, el ataque a la ciencia…”
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En este sentido, el especialista señaló que es necesario que todo quede documentado a futuro ya que, cuando las cosas “se borran de un plumazo”, tardan décadas en volver y ser recuperadas. De hecho, Viale explicó que el informe (que es el primero presentado formalmente por la Asociación) será enviado en copia al ejecutivo y al legislativo en ambas cámaras: “No sabemos si es inútil o no, pero lo tenemos que hacer. Sentimos una obligación y también lo vamos a presentar ante organismos internacionales”.
Consultado por el apoyo previo al envío del informe, Viale sostuvo que, si bien cuentan con el acompañamiento de algunos actores, no deja de ser un momento “muy complejo” para el debate: “Nos falta un Pino Solanas”, admitió. Sin embargo, precisó que la violación de derechos ambientales “es el paralelo de la violación de derechos humanos y hay que dejar registro de lo que está ocurriendo”.
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“Negacionismo y persecución política”. los ejes principales del informe
En un pasaje del informe, destacaron: ”El actual presidente, J.Milei es conocido por sus posiciones negacionistas en relación a la crisis climática y sus orígenes antropogénicos; algo que comparte con gran parte de su gabinete. Incluso el actual presidente del Conicet (el máximo centro de investigación pública del país), Daniel Salamone, ha hecho guiños en las redes sociales que avalan posiciones negacionistas”.
En diversos ejes temáticos, el relevamiento detalla el avance de combustibles fósiles, el aumento de la minería del litio y la minería metálica, el desmantelamiento de normativas ambientales y el uso de planes de inteligencia con fines de persecución política. También documenta la reducción de funciones o el cierre de instituciones como el Ministerio de Ambiente, el INTA, el INA, ACUMAR, el INAI y la Dirección Nacional de Emergencias.
Entre los organismos disueltos, se enumeran la Dirección Nacional de Agroecología, el INAFCI, el INASE y el ENOHSA, cuya desaparición deja sin respaldo técnico y presupuestario a políticas clave de conservación y gestión ambiental. En paralelo, innumerables leyes y fondos destinados a la protección de ecosistemas fueron derogados o modificados, mientras la Ley Bases y el RIGI se consolidan como herramientas jurídicas para “legalizar el despojo”.
El documento será presentado ante la Cámara de Diputados y el Senado Nacional, así como en instancias internacionales como el Acuerdo de Escazú. Para sus autores, no se trata solo de una denuncia, sino de una herramienta de memoria y acción que busca articular resistencias, proponer alternativas y defender lo común frente a un modelo que consideran extractivista y antidemocrático.
“El negacionismo climático no es una anomalía, es el proyecto”, concluye el informe, que plantea la urgencia de frenar el desmantelamiento de políticas ambientales y, al mismo tiempo, imaginar un futuro basado en la protección de la vida, la justicia ecosocial y la participación democrática.
TC