El dato es ajuste puro, viene con el sello de la motosierra que el mileismo acostumbra a desplegar con un orgullo a veces digno de mejores causas y revela que, de mayo del 2023 a mayo del 2025, entre las provincias y la CABA reportaron 92.171 empleos caídos en la construcción. Producido por la consultora especializada Politikón-Chaco en base registros del Instituto de Estadísticas de la Industria de la Construcción (IERIC) y del INDEC, el informe le adjudica 62.372 de esos puestos de trabajo a la era libertaria.
Y como resulta inevitable asociar este paquete con otro de la misma época, tenemos ahora que según cifras de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) de junio 23 a junio 25 el gasto en obras públicas, incluido el destinado a mantenimiento, se derrumbó un 87% real, o sea, cerca del 100% descontada la inflación.
Está claro: en el ordenamiento oficial el llamado ahorro fiscal no admite contrincante, así se trate de inversiones básicas y esenciales para cualquier estándar, como, llegado el caso, el demorado gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner). La obra que conecta con Vaca Muerta y apunta a sustituir importaciones de gas natural licuado y de gasoil en cantidad, espera una inversión calculada en US$ 3.000 millones anuales.
La guadaña ya le pegó un saque del 86% nuevamente real al gasto en Enarsa, la estatal que interviene en el mercado de gas y electricidad con compras, transporte y ventas y que está en proceso de privatización. También sacudió al llamado Fondo de Infraestructura del Transporte que financia sobre todo obras de mantenimiento y reparaciones en autopistas, rutas y puentes.
Cantado, muchas de las inversiones que el gobierno central dejó al garete aun contando con recursos impositivos generados en todo el país fueron absorbidas por las provincias, algunas sostenidas con endeudamiento externo. Manda aquí la decisión de evitar el deterioro de infraestructura social o productiva que cuesta reponer o reparar.
Cosas del mismo estilo o de uno semejantes ocurren a raíz del corte que el mileismo impuso sobre los giros que sostienen una docena de cajas previsionales provinciales; esto es, sobre las jubilaciones. Estimaciones de especialistas cifran en unos 250.000 millones de pesos anuales el precio de la movida; si se prefiere, la plata que se ahorra el Estado nacional.
Un par de datos semejantes entre sí giran alrededor de estos malabares.
Uno dice que el desplome del empleo en la construcción pega sobre una actividad que transcurrió el 2024 en caída libre, de enero a diciembre; casi todos los meses con rojos que superaron el 10% y unos cuantos, mayores al 20%. Esto es, un sector ya golpeado.
Acompaña, también parejita, la industria manufacturera. El INDEC anota aquí 19 meses consecutivos en picada, entre mayo de 2023 y noviembre del 2024, de los cuales seis acusaron bajas que superaron el 10%.
Entre la construcción y la industria suman el 17% del PBI y con el comercio mayorista y minorista, ya estamos en el 30%, que es como decir un tercio de la actividad económica o de la economía real. Tiene sentido el comentario porque sobre estos tres sectores gira la apuesta oficial de cerrar 2025 con un PBI creciendo al 5%, el mismo porcentaje que maneja el FMI y con el que se pavonea la platea libertaria.
Números sobre números, los que siguen dicen que en las proyecciones oficiales la suma de construcción, industria y comercio arroja un 16,4%, lejos del tercio del PBI.
En cualquier caso, el problema son los vientos que soplan hoy alrededor de la economía real, empezando, si se quiere, por tasas de interés que pasan de largo y bien de largo la inflación mensual del 1,6% de junio. Luego, el dólar a $ 1.380 demasiado cerca del techo de la banda cambiaria o ya en zona de presión y al fin la economía, que no luce calma sino más bien tironeada