Además de ordenar a la Argentina facilitar la entrega de los chats y los correos electrónicos del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su antecesor Sergio Massa, la jueza estadounidense Loretta Preska, a cargo del caso por la expropiación de YPF, formalizó el requerimiento de información a otros tres ex funcionarios y excluyó del pedido de Discovery al asesor presidencial Santiago Caputo.
Asimismo, la magistrada investigará la ruta del oro del Banco Central (BCRA), las privatizaciones y los acuerdos con China.
Esto surge de la transcripción de la audiencia que tuvo lugar el martes 29 de julio a partir de las 11.20 horas de Nueva York, a la que tuvo acceso Clarín.
El documento tiene 72 páginas y revela el intercambio de Preska con Seth L. Levine, de Levine Lee LLP, por el lado de los demandantes, y con Robert J. Giuffra Jr., de Sullivan & Cromwell LLP, defensor de la Argentina. La jueza no encontró una justificación específica para mantener en secreto los documentos que se producirán en los próximos meses, por lo que serían abiertos al público.
Los chats de Caputo, Massa y otros
Los otros tres ex funcionarios sobre los que se buscarán datos de sus interacciones con las autoridades de YPF son el ex director Nacional de Aduana, Guillermo Michel, mano derecha de Massa en su época de ministro; el ex ministro de Interior, Eduardo «Wado» De Pedro; y el ex secretario de Comercio, Matías Tombolini.
La teoría que expresa Preska, en base a las quejas de los demandantes, es que ellos tres fueron personajes determinantes para «abusar» del poder dominante de YPF en el mercado, de forma de alterar los precios de la nafta, el gasoil y el gas natural en base a los objetivos de contener la inflación, lo que a su vez perjudicó también a los competidores.
Sin embargo, la jueza no encontró evidencias de que Santiago Caputo ni el ex secretario General de la Presidencia Julio Vitobello «probablemente tengan información» sobre la petrolera, por lo que no concedió la medida y no deberán entregar sus comunicaciones al respecto.
El oro del BCRA, las privatizaciones y China
Con una sentencia que condena al Estado a pagar 16.100 millones de dólares más intereses que corren al 5,24% anual desde el 8 de septiembre de 2023, la Argentina aún no depositó una garantía desde entonces y apeló el fallo. Así es que los beneficiarios buscan, por otro carril, demostrar que hay empresas y organismos públicos que son alter ego del Gobierno, con bienes embargables.
En un proceso que se extenderá, y que tendrá una nueva audiencia el próximo miércoles 6 de agosto, la Argentina debe entregar una lista de ministerios y registros en donde se buscarán activos, detallar sus cuentas bancarias y para qué se usan, contar los fideicomisos e identificar su relación comercial con China, justo en medio de un punto álgido de la guerra comercial con los Estados Unidos.
La República tendrá tiempo hasta el viernes 15 de agosto para completar la entrega de la documentación pendiente.
Mientras tanto, se planteó que como Luis Caputo habló el año pasado sobre los movimientos de oro del BCRA, eventualmente podría ser citado a declarar. La magistrada quiere seguir la ruta de las reservas de oro hasta identificar dónde quedó depositado y si se puede embargar en el exterior.
Por otro lado, cuando se produzca un hecho oficial concreto (decreto, resolución, publicación) de privatizaciones, se tomará como punto de partida para el Discovery de empresas como Transener y AySA.