El domingo 6 de julio, el defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, lanzó un dramático llamado de atención al gobierno nacional y a la sociedad argentina: solicitó la declaración de la emergencia alimentaria y sanitaria para los jubilados y pensionados del país.
En una entrevista radial, Semino trazó un diagnóstico crudo y alarmante sobre la situación que atraviesan millones de jubilados, a quienes definió como “víctimas silenciosas de un ajuste que los empuja a la indigencia”.
Según explicó Semino, el deterioro del poder adquisitivo de los jubilados ha alcanzado niveles críticos. “El reajuste de este mes fue del 1,5%, pero seis millones de beneficiarios que cobran el bono, congelado desde hace 11 meses, en realidad recibieron apenas un 0,8% de aumento. Eso es menos que la inflación mensual.
El resultado: un incremento real de apenas 4.000 pesos, que no alcanza ni para un café”, denunció. El defensor recordó que, desde la asunción del presidente Javier Milei, los jubilados que perciben la mínima han perdido 13 puntos frente a la inflación.
Durante 2024, el índice de precios al consumidor acumuló un 118%, mientras que los haberes previsionales aumentaron apenas un 105%. Esta pérdida de poder adquisitivo, advirtió, no es nueva: “Viene de arrastre desde 2013, pero se ha profundizado brutalmente en los últimos meses”.
La situación se agrava con la llegada del invierno. “Estamos en el momento de mayor morbilidad del año, cuando más se enferma la gente mayor, y con estos ingresos no se puede ni calefaccionar la casa”, alertó Semino. En geriatría, explicó, existe una regla clara: a menor temperatura, mayor riesgo de enfermedad. “Y eso está pasando ya”, subrayó.
Emergencia sanitaria
La imposibilidad de mantener una temperatura adecuada en los hogares, sumada a la dificultad para acceder a medicamentos y a una alimentación balanceada, genera un cóctel explosivo que pone en riesgo la vida de miles de jubilados. “Los jubilados no solo sufren, se mueren así. El país
La declaración de emergencia alimentaria y sanitaria permitiría al Estado nacional implementar medidas extraordinarias para garantizar el acceso de los adultos mayores a bienes esenciales como alimentos, medicamentos, calefacción y atención médica. Según Semino, “ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia”. El defensor insistió en que el Estado debe garantizar tres derechos básicos: “comida, medicamentos y techo”.
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