Obsesionado con privartizar empresas para hacerse de divisas ante la falta de inversiones genuinas, el Gobierno de Javier Milei arrancó este año entregando una de las compañías más emblemáticas del país, la fabricante de tecnología IMPSA. Luego de un fuerte lobby entre países, se la cedió al grupo estadounidense Industrial Acquisitions Fund LLC (IAF), financistas del Partido Republicano con aceitados nexos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Fue esa la primera empresa de una larga lista de objetivos a privatizar, algunos que los cuales volvió a mirar el ministro de Economía, Luis Caputo, en los últimos días.
El asunto es que hoy, a 6 meses del remate de la compañía radicada en Mendoza, empezaron los problemas: el Estado no pagó un peso de los millonarios contratos de obras públicas que la firma tenía y puso en riesgo toda la estructura, con proyectos estratégicos en riesgo.
El mayor de los daños colaterales del incumplimiento de Milei, además, es que la empresa quedó operando sólo con parte de su capitalización y más de 600 trabajadores empezaron a cobrar el aguinaldo en 4 cuotas. En síntesis, la postal de un gobierno que quiere dólares y, a la vez, un ajuste brutal. Una gestión con anhelos de un menemismo neo-privatizador, pero técnicamente incapaz de hacerlo operativo, aún en la cesión apurada de patrimonio público. Según supo Página I12, Milei debe más de 15 millones de dólares en contratos de obras que ya están en marcha vía IMPSA. Son contratos con organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Yacyretá (EBY) y hasta el Ministerio de Defensa que conduce Luis Petri. De ese dinero, no pagó ni un dólar desde que entregó la empresa a capitales foráneos.
Entre los proyectos parados más emblemáticos están el mantenimiento de turbinas de la central hidroeléctrica Yacyretá, clave para la generación eléctrica; y el CAREM 25, un reactor nuclear de potencia hecho íntegramente en Argentina, ubicado en Lima, provincia de Buenos Aires. Pero lo más curioso y de color es que la deuda de Milei con IMPSA dejó abandonados hasta a los tanques de guerra en los que el Presidente se subió en un desfile militar: IMPSA tiene el contrato de readecuación para que vuelva a funciona la flota del Tanque Argentino Mediano (TAM). Como el gobierno no pagó el contrato, está frenado.
Cuando esta semana le comunicaron a la plantilla de empleados esta situación, en la Casa Blanca ya habían sonado los teléfonos para que Trump -que para Milei es un socio geopolítico estratégico y un modelo a seguir-, estuviera al tanto de un conflicto inédito para un inversor extranjero. «Esto es muy raro, nunca nos pasó», fue una de las frases más utilizadas en los intercambios.
De empresa ordenada a un enigma
Lo que pasó con IMPSA, que para los estadounidenses es raro, es bastante normal en la operatoria técnica del gobierno de Milei en casi todos los frentes. La firma en cuestión, una empresa ejemplar que supo ser de la familia Pescarmona y luego fue estatizada por Nación y Mendoza durante el gobierno de Alberto Fernández, pasó a manos privadas en febrero del 2025. Antes de esa cesión de acciones, el gobierno libertario y el grupo IAF se comprometieron a dos cosas: reestructurar los contratos y las deudas con los acreedores. Hubo varias reuniones con los organismos del Estado vinculados, incluído un encuentro, el 27 de enero del corriente, entre el presidente de la CNEA, Germán Lavalle; directivos de IMPSA y Jorge Salcedo, uno de los accionistas del grupo estadounidense.
Eso incluyó un cronograma de pagos por parte del Estado, que se incumplió en un 100 por cien. Hoy, la planta y los proyectos de IMPSA funcionan sólo con la capitalización que hace la firma: de los 27 millones de inyección pautados, a esta altura debían ponerse 11, pero se pusieron 13 para intentar cubrir los problemas del no pago del Estado.
«Nos dicen que no tienen partidas presupuestarias para pagarnos y que no saben cuándo podría haber plata», precisaron los que están tratando de enderezar una negociación áspera, que golpea directamente a la estabilidad laboral. Blanquean que el Gobierno aplica la motosierra hasta a las firmas que privatiza. De esto mismo está anoticiada la Embajada de Estados Unidos en Argentina, que sigue de cerca el asunto.
Jason Arcenaux es el fundador de ARC Energy, la firma con la que el grupo IAF opera IMPSA. La misma es bastante nueva, se constituyó en 2011en Houston, Texas. Y hoy tiene plantas en diferentes ciudades de Estados Unidos y en El Cairo, Egipto. Arcenaux estuvo reunido en varias ocasiones con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Cercano a Milei, se intentó por esa vía ver si Nación tenía o no intenciones de pagar, dado que los que estaban penando eran los trabajadores. Aún no resultó. También hubo gestiones en reuniones con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en Casa Rosada.
La locura por el verde nubla la visión
Fuentes oficiales contaron a Página I12 que días atrás, mirando de dónde puede sacar más divisas, Caputo volvió a apuntarles a empresas del Estado que observa como interesantes para el remate. La referencia es para Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y la empresa de trenes de carga. «Hay que compensar lo que no pone el campo», bromeó un ex Hacienda con terminales en el gobierno actual.
Algo de certeza tiene esa afirmación. El Gobierno está preocupado porque en el pico de ingreso de dólares del agro, se le disparó el tipo de cambio. Ocurrió lo contrario a la lógica: es más, esta semana, entre lunes, martes y miércoles, los agroexportadores ingresaron más de 1000 millones de dólares. Fue el último pelotón fuerte, aún con Caputo operando informes privados para tratar de instalar paz cambiaria. Horas atrás, la consultora 1816, una de las más respetadas de la City, hizo una movida poco habitual. Reportó a inversores que el campo podría sumar 4500 millones de dólares más en las próximas 3 semanas. Ese cálculo no está en la cabeza ni del exportador más entusiasta. Huele a manos oficiales.
Tan paranóico está Caputo que hasta se puso a indagar qué bancos estaban usando las empresas del agro, para ir a trabajar allí con ofertas a futuro. Lo real es que en manos de los sojeros hay 14 mil millones de dólares, es decir, el 70 por ciento de la soja está sin vender. ¿Cuándo ocurrirá esa venta? Con la vuelta de las retenciones, los que saben afirman que no antes de diciembre o, directamente, en 2026. Las cifras justifican el nervio oficial por buscar divisas de otras fuentes de financiamiento, para sostener el dólar y la inflación bajos hasta las eleccciones. Quizás por eso, en el último tiempo, el campo empezó a mirar con desconfianza al Gobierno. Tanto que Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura de Macri, empezó a operar contra «la tibieza» de Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural. Al oído, Luis Miguel le dijo a Marcos Pereda Born, el vice de la entidad y unos de los militantes libertarios del agro, que es momento de criticar al Gobierno porque «nos está esquilmando». Una novela con olor a dólar.