Con la condena dictada contra CFK se abren varios interrogantes sobre el momento político por el cual transitamos. En medio de la gestión de un gobierno de ultraderecha, el poder judicial intenta tomar partido en la configuración de las próximas elecciones, sacando del juego a una de las figuras más importante de la política argentina, principal referente del viejo Partido Justicialista. Frente a este escenario es necesario discutir porque la Corte tuvo margen para tomar esta medida. Y frente a esto, aclarar la respuesta de la siguiente pregunta ¿Es con esta acción qué hay indicios de una avanzada del régimen o fue desde el inicio de la gestión libertaria que se comenzó a abonar este camino autoritario?
Desde diciembre del 2023, momento en que asume el gobierno de Javier Milei, casi de manera diaria empezaron a aparecer todos los elementos necesarios para migrar hacia un régimen mucho más autoritario del que conocíamos, por lo menos desde la vuelta de la democracia. A partir de ese momento, la hoja de ruta de los libertarios siempre fue la misma: profundizar una respuesta represiva, multiplicar el ajuste a costa de la clase trabajadora y atacar libertades democráticas elementales. Todo en función a responder a las necesidades de los sectores más concentrados de la economía, no solo a nivel nacional, sino que también internacional.
La reciente proscripción dictada por la Corte hizo que muchos personajes del PJ y sectores afines comiencen, a partir de este momento, a titular la situación como una avanzada de un régimen más autoritario. Pero el contexto descripto más arriba no carece de indicios para entender este desenlace, mas bien se encontraba plagado de advertencias que el régimen pretendía ir por un camino mucho más duro. Esta formulación sobre el endurecimiento de la respuesta del régimen proviene de un sector honesto y valioso de la militancia peronista, pero también hay un sector que conscientemente, recién en este momento, lo pone sobre la mesa.
Haciendo un poco de memoria, el gobierno de Milei, casi desde el día uno avisó a donde pretenden llegar con su gestión. Fue el protocolo anti piquetes de Bullrich, uno de los puntapiés para intentar atacar el derecho que la clase trabajadora tiene a movilizarse. Aunque, en sus primeros intentos de querer ponerlo en marcha flaqueó y mostró su punto débil: la masividad en las movilizaciones. Y desde ese momento en adelante, cada proceso de lucha que volcó a miles de personas en la calle el protocolo se volvió estéril. Esta dinámica casi que se volvió una regla de la que todas las direcciones tomaron nota, aunque algunas para conservar sus posiciones y sus negocios le han dado la espalda.
Volviendo en el tiempo, casi a la misma altura en la que aparece el protocolo represivo, fue que presentaron la Ley Ómnibus y el decreto 70/23. Un paquete de cambios para comenzar a construir ese endurecimiento del régimen que intenta arrebatarnos derechos elementales. Y una vez más, producto de la movilización, de paros generales arrebatados a la burocracia sindical fue que parte del contenido de estos proyectos quedaron sin poder aplicarse de manera completa. Por ejemplo, las regulaciones laborales propuestas en el decreto señalado quedaron frenadas en la justicia y bastó una masiva movilización hacia la sede de este poder para conseguir esto. En el caso de la Ley Ómnibus lo mismo, producto de movilizaciones que enfrentaron feroces operativos represivos ese proyecto no consiguió ver la luz.
Esta dinámica continuó por un tiempo, el 8M, el 24M o la primera movilización universitaria del 2024 hicieron caer al gobierno en un terreno complicado. Y en el momento donde mostraba esa debilidad, un sector de la oposición de los partidos tradiciones, con el PJ incluido, decidió renovarle la imagen y darle fuerza. Obviamente que en este proceso también está incluida toda la burocracia sindical. A partir de ese instante, el gobierno renovó fuerzas y pudo aplicar la Ley Bases y el RIGI, elementos fundamentales para poder desarrollar su programa de gobierno. Este proceso fue la demostración de como se le abre el camino a la ultraderecha. Las votaciones escandalosas de los radicales con peluca; los diputados y senadores del PJ levantado la mano en todas las votaciones de proyectos libertarios; la reedición de casos parecidos a la ley Banelco, personificada con el senador Kueider; y las direcciones sindicales conteniendo las luchas y desorganizando la bronca fueron los condimentos necesarios para llegar a donde estamos.
Pero oportunidades para intentar frenar al gobierno no dejaron de existir. Producto de su arquitectura económica, la que actualmente desangra por la crisis de deuda generada por el mismo Caputo, contradictoriamente a todos los avances autoritarios realizados, conserva una fragilidad importante. En el comienzo del 2025 la conflictividad volvió a bajar a las calles y nuevamente se observó la existencia de la bronca y fuerza para terminar con el gobierno libertario. Pero los escollos que frenan el desarrollo de estos procesos se mantuvieron y en algún punto endurecieron su línea de inacción. Las consecuencias económicas, producto de las medidas del gobierno, se empezaron a sentir de manera más violenta, que en sus primeros meses de gestión. Es la continuidad de estas medidas de ajuste las que permiten el sostenimiento de la ingeniería económica propuesta por el Messi de las finanzas.
Todos estos embates encuentran sus límites y vuelven a resonar en las calles. El freno a esto podría existir, pero las direcciones políticas y sindicales tradicionales de la oposición, fundamentalmente el peronismo que CFK conduce, nunca tuvieron ni tienen la estrategia de derrotar al gobierno con millones en la calle. Al mantenerse este comportamiento de criticar, pero en los hechos dejar hacer, el oficialismo puede darse el lujo de frenar la investigación de una estafa, en donde el presidente es uno de los principales responsables; el FMI puedo volver a implementar un programa económico mucho más agresivo, prometiendo nuevas reformas laborales y previsionales; y también, la respuesta represiva a reclamos, como el aumento de las jubilaciones pueden volverse más agresivas.
Volviendo a la pregunta planteada al principio de la nota, la avanzada de un régimen mucho más autoritario existió desde el primer momento en que esta runfla de ultraderechistas puso los pies en el poder. Pero a la vez en todo ese camino, las experiencias para ver que existe la manera de enfrentar y terminar con este régimen está, y la respuesta es en las calles.
Actualmente, los ataques son continuos y las propuestas por parte de las direcciones políticas de los partidos tradicionales solo generan apatía o decepción. Pero, lejos estamos de un momento al que podemos bautizar con el nombre de derrota. Todavía existe mucho margen de maniobra para enfrentar al gobierno. Por ejemplo, hace pocas semanas intentó cercenar un derecho histórico de la clase trabajadora, como lo es el derecho a huelga y no lo logró. Al mismo tiempo ha intentado atacar a otros sectores y estos marcando el camino a seguir se mantienen luchando en la calle, como el Garrahan.
Hay que tomar nota de estos sucesos para encaminar una lucha integral contra el proyecto del gobierno y estas nuevas avanzadas autoritarias que le ponga un punto final a estos ataques. Por eso rechazamos este intento de proscripción impuesto por parte de un poder que nadie vota y vive una vida de privilegios. Desde allí emiten un fallo tan solo tres personas que se ponen por encima de la voluntad popular. Son un poder que carece de capacidad política y moral al encontrarse viciado por los intereses de un sector del empresariado, y no puede decidir el destino de la próxima contienda electoral. Rechazamos todo esto, aunque tenemos profundas diferencias políticas y de proyecto con CFK, quien es dirigente de un partido central del régimen burgués argentino y se define como defensora del decadente sistema capitalista que nosotros enfrentamos cada día.
Volviendo sobre cómo enfrentar a este régimen cada vez más autoritario y represivo, opinamos que la quietud, la desmovilización o la espera a las próximas elecciones para realizar cambios por medio del Parlamento no van a generar ningún cambio, sino todo lo contrario, van a permitir que el autoritarismo avance.
En este caso, en donde el sistema judicial queda totalmente señalado por su imparcialidad a la hora de resolver un fallo, ninguna respuesta salida de la institucionalidad clásica de este sistema puede aportar una solución. Si queremos terminar con este poder privilegiado, el cual define de manera excelente una parte de lo que es la casta, la puesta en marcha de un proceso de movilización es lo único que pude garantizar los cambios de fondos necesarios. Si de verdad queremos una investigación sobre la corrupción estructural que sí existió bajo todos los gobiernos es necesaria la constitución de una comisión investigadora independiente a todos los poderes del Estado. Que se encuentre compuesta por personalidades intachables y con todas las herramientas necesarias para llegar a la verdad, es decir, la creación de una especie de Conadep de la corrupción.
Estamos en un momento donde necesitamos la más amplia unidad de todos los sectores en lucha. El llamado a un paro general, la construcción de un plan de lucha que arranque por tomar todos los reclamos genuinos de la población, desde los salariales, pasando por la defensa de la salud y educación pública, junto a la defensa de las libertades democráticas son algunas de las herramientas necesarias para frenar todos los ataques recibidos en el último tiempo. El desarrollo de un proceso de movilización masivo de este talante podría de verdad frenar todo el proyecto autoritario, ajustador y represivo que hoy existe.