Desde hace unos días, distintos medios de comunicación han dejado trascender que la Corte Suprema de Justicia resolvería contra el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner y dejaría firme el fallo que la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Esto implica su proscripción política, al impedirle participar del proceso electoral al que se había postulado como Diputada de la Provincia de Buenos Aires. Sería un ataque no solo a sus derechos políticos, sino también a los de quienes se sienten representados por su candidatura y a los derechos democráticos del conjunto de la población, donde tres personas se arrogan la decisión de quién puede y no puede ser candidato/a. No nos extrañaría esta resolución de la Corte.
Se trata de la cúspide de un Poder Judicial fuertemente corrompido y altamente impopular, con jueces como los de Lago Escondido, que actúan al servicio del poder económico y alineados políticamente con distintos sectores de la derecha, en particular con el macrismo. Es la misma Corte que nada ha dicho respecto de la inconstitucionalidad del Decreto 70/2023 o de la ilegalidad de la Ley Bases, aprobada en base a la compra de votos como el del ex senador Edgardo Kueider. Una ley que ha permitido al gobierno de Milei todo tipo de arbitrariedades y medidas inconstitucionales e ilegales, como el “protocolo” de Patricia Bullrich que viola el derecho a la protesta y favorece la constitución de una suerte de “estado policial”. Una Corte al servicio del plan de guerra de Milei y el capital financiero contra el pueblo trabajador.
Toda la causa Vialidad ha estado plagada de manipulaciones, con jueces y fiscales que no han dudado en mostrar escandalosamente este alineamiento político. La condena nada tiene que ver con hacer justicia o combatir la corrupción (sin duda presente en el negocio de la obra pública en los distintos gobiernos), sino con conformar un régimen político más directamente subordinado a los intereses de la AEA (Asociación Empresaria Argentina).
Macri tiene multitud de denuncias de corrupción que nunca han avanzado en la justicia y lo mismo ocurre con los empresarios implicados en diferentes causas. Además, es un Poder Judicial que tiene la tradición de haber avalado dando legitimidad jurídica a los diferentes golpes de estado, y de haber sostenido distintos regímenes proscriptivos, como el que prohibió a Perón y al peronismo luego del golpe asesino de septiembre de 1955. O que ha dejado impune al poder económico responsable del genocidio de la dictadura, con el funcionamiento de centros clandestinos de detención dentro de muchas de las principales empresas del país (Ford, Mercedes Benz, Ledesma, Siderca en Campana, etcétera).
De ocurrir este gravísimo hecho proscriptivo sería un paso en toda una serie de acontecimientos que muestran el carácter cada vez más autoritario y represivo del régimen político. Entre ellos debemos contar la violación sistemática al derecho a la protesta, con la represión cada miércoles a las movilizaciones protagonizadas por jubilados y jubiladas, la persecución judicial fraudulenta a luchadores del movimiento piquetero o la acusación de “terroristas” a manifestantes. A esto se agregan leyes y decretos que dan poder discrecional para actuar a las fuerzas de seguridad, en todos los casos promovidos por la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Manifestamos nuestro absoluto rechazo a cualquier tipo de proscripción política a Cristina Fernández de Kirchner. En nuestro caso lo hacemos en el marco de haber sido sus opositores políticos por izquierda, e incluso de haber sufrido represiones durante protestas en las que acompañamos reclamos de trabajadores y sectores populares cuando fue Presidenta o Vicepresidenta, como en Kraft en 2009 y Lear en 2014, o en la lucha por la vivienda en Guernica en 2020, reprimida en este caso por Alberto Fernández y Axel Kicillof. Es decir, que nadie puede decir que nuestra posición responde a una afinidad política con CFK sino al elemental rechazo a toda medida antidemocrática y proscriptiva, que hoy afecta a la ex Presidenta y mañana puede hacerlo con cualquier otro.
Sabemos además que cada acto antidemocrático termina golpeando más tarde o más temprano a la clase trabajadora. Por último, señalemos que hechos proscriptivos de esta naturaleza no son patrimonio de nuestro país sino parte de una política al menos regional, que tiene un antecedente en el encarcelamiento y proscripción de Lula en Brasil, en base a un proceso judicial fraudulento que permitió la llegada al gobierno de Bolsonaro. Por todo esto llamamos al pueblo trabajador a repudiar activamente de confirmarse este fallo proscriptivo
Myriam Bregman, Nicolás Del Caño, Alejandro Vilca y Christian Castillo, por la Dirección Nacional del PTS en el FITU