Con el apoyo de Unión por la Patria (UxP), la izquierda, la Coalición Cívica, Encuentro Federal, Innovación Federal y un puñado de legisladores radicales, la oposición se prepara para debatir y aprobar este miércoles en el Congreso el proyecto de ley que permita declarar la Emergencia en Discapacidad. Su autor, el diputado de Unión por la Patria (UxP) Daniel Arroyo, dialogó con las periodistas de «Soy casta» sobre los alcances de la norma y también sobre la nueva ley en discapacidad, que será tratada en el futuro cercano, una vez superada la crisis, según anticipó el legislador.
El proyecto de ley busca, en primer lugar, actualizar el nomenclador de prestaciones, parámetro que fija los valores que pagan las obras sociales y prepagas por terapias, traslados y apoyos. “Hoy ningún profesional quiere trabajar con estos montos. Y las familias no pueden pagar la diferencia”, advirtió en la mesa del programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 19. Además del autor del proyecto, Arroyo es el presidente de la comisión de discapacidad en Diputados.
Arroyo subrayó que el proyecto cuenta con amplio respaldo al interior de la oposición, lo que permitiría lograr el quorum necesario para abrir el debate y votar su aprobación. No obstante, el oficialismo intentará bloquear el inicio de la sesión para que no pueda tratarse o, en su defecto, si se aprobara, el Ejecutivo estaría dispuesto a vetarla. Con el apoyo de diversos bloques, el diputado consideró probable que se apruebe la ley y que el Gobierno “no tenga el estómago para vetarla”.
El proyecto —que ya obtuvo dictamen en varias comisiones— plantea tres ejes: recomposición del nomenclador tomando como base diciembre de 2023 más inflación; auditorías con criterios claros y «sin revictimización»; y garantía del acceso real a pensiones por discapacidad. “Un acompañante cobra actualmente tres mil pesos por hora y un transportista 541 pesos por litro de nafta. Con estos números, el sistema es inviable”, aseguró.
Arroyo además denunció que el gobierno nacional “decidió maltratar” al colectivo de personas con discapacidad al enviar 300 mil cartas documento exigiendo nuevos estudios incluso a quienes tienen condiciones congénitas. En la Argentina existen cinco millones de personas con discapacidad de las que más de un millón reciben pensiones.
Transportistas para discapacidad en crisis: les pagan $541 por km cuando deberían ser $1400
El legislador dijo luego que la idea es superar la crisis en discapacidad para después avanzar con el tratamiento de un proyecto de ley que reemplace la actual norma que regula al sector, que data de 1981. Su articulado tendrá un alcance mucho mayor respecto del que se tratará este miércoles. «Antes de discutir una nueva ley estructural hay que frenar la emergencia”, resumió.
Hacia el final, criticó la reciente auditoría masiva impulsada por el Gobierno y la resolución oficial donde se utilizaron términos como “idiota” y “débil mental”, ya derogada. “No se puede experimentar con personas. No es un laboratorio”, sostuvo.
“El sistema está quebrado, y el nomenclador es su termómetro más brutal”, insistió. En cada cifra que no se actualiza, en cada sesión que se reduce, en cada familia que ya no llega, se juega la dignidad de miles de personas, según se trató en el programa.
LB / FPT