ECONOMÍA
Los dueños de propiedades tendrán que informar sobre inmuebles y todavía no hay reglas claras sobre el uso de esa info.
Atentos a lo que pasa en la CDMX, pues una reforma al código fiscal de la Ciudad de México prende las alarmas.
La reforma al artículo 132 del Código Fiscal de la Ciudad de México para el año 2025 representa una nueva amenaza para la propiedad privada.
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Con la reforma, la autoridad exige que los dueños informen sobre sus inmuebles a pesar de que todavía no hay reglas claras. No se sabe que se hará con esa información.
La redacción de esta reforma ha generado incertidumbre jurídica y preocupación entre los propietarios de inmuebles en la capital.
La modificación obliga a los propietarios de inmuebles con un valor catastral superior a 4 millones 527 mil pesos a presentar una declaración informativa sobre “el estado que guardan” los inmuebles.
Pero no se ha definido que implica la orden “el estado que guardan”. Por esta razón la reforma ha sido criticada por su ambigüedad y falta de claridad.
Lo que más preocupa a los propietarios en la CDMX
Los propietarios tienen dudas como la falta de definición y claridad. Es decir que la reforma no especifica qué se entiende por “el estado que guardan” los inmuebles.
Esto es lo que deja a dueños de inmuebles sin una guía clara sobre qué información deben proporcionar a las autoridades.
No existe tampoco un formato oficial, ya que la Secretaría de Finanzas de la CDMX no ha emitido el cómo se debe llevar a cabo la presentación de esta declaración.
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Esto solo provoca confusión y la posibilidad de interpretaciones erróneas.
La medida es además selectiva, ya que no todos tienen dicha obligación. Solo aplica a inmuebles con un valor catastral superior a 4 millones 527 mil pesos.
Esto también genera cuestionamientos sobre la equidad de la disposición, incluso existe una posibilidad de que se trate de una medida recaudatoria selectiva.
¿Cuáles son las consecuencias de la reforma contra la propiedad privada?
Ante esta falta de reglas, los propietarios señalan que se corre el riesgo de discrecionalidad. Significa que, debido a la ambigüedad de la reforma, un juez va a poder interpretar la ley de manera ‘arbitraria’.
La falta de claridad en la redacción de la reforma podría permitir a la autoridad fiscal interpretar discrecionalmente lo que considere pertinente. Esto abre la puerta a inspecciones arbitrarias y posibles abusos.
También existe la preocupación de que esta medida sea el primer paso hacia un incremento en el impuesto predial o, quizá, hacia el establecimiento de nuevas contribuciones por mejoras y adecuaciones en las viviendas.
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