El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció este jueves que se eliminaron 37.595 puestos en el sector público nacional desde que empezó el mandato de Javier Milei.
«Bajar el gasto público es lo que permite bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal. Aquí los datos de empleo público actualizados a diciembre. VLLC!», escribió en X Federico Sturzenegger al compartir un gráfico que dejó en evidencia la eliminación de 37.595 puestos de trabajo en el sector durante 2024.
De entrada uno de los objetivos del gobierno de Javier Milei fue aplicar la «motosierra» en el Estado, tanto en cuestiones de presencia social y regulación de la actividad económica como en la reestructiración de la administración pública nacional.
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Bajar el gasto público es lo que permite bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal. Aquí los datos de empleo público actualizados a diciembre. VLLC! pic.twitter.com/guZFqcf8Os
— Fede Sturzenegger (@fedesturze) January 30, 2025
En el informe oficial costa que hubo 22.302 despidos en la Administración Centralizada y Descentralizada del Estado; 12.410 en empresas estatales y 2.883 más en la categoría de personal de seguridad y militar.
Las cifras de este jueves superaron incluso a las mostradas por el mismísimo Federico Sturzenegger en diciembre de 2024, cuando dio cuenta de 35.936 despidos en el sector público nacional a razón de 21.408 de la Administración Centralizada y Descentralizada; 11.951 en empresas estatales y 2577 en personal de seguridad y militar.
A dónde apuntará la motosierra de Javier Milei
Para 2025 el Gobierno espera revisar y reducir la cantidad de contratos en el ex Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la continuidad del «efecto motosierra», con el objetivo de dar de baja a los que crea necesarios en el marco de una «severa crisis económica».
Así consta en la Resolución 10/2025 de la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, en la que el Gobierno encomendó a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología la evaluación de estos programas «bajo los parámetros de economicidad, facultándose a suscribir los instrumentos y actos administrativos que sean necesarios para dar de baja programas sobre los que se resuelva su no continuidad».
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